Monseñor Scicluna, Secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe

Entre 1990 y 1995 trabajó como defensor del vínculo y promotor de justicia en el Tribunal Metropolitano de Malta; enseñó Teología Pastoral y Derecho Canónico en la Facultad de Teología y fue vicerrector en el Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Malta. En 1995 Juan Pablo II lo llamó a servir a la Santa Sede, primero como promotor sustituto de justicia en la Corte de la Signatura Apostólica y luego como promotor de justicia en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ejerció como Docente en los mismos años en la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana.

La lucha contra el abuso sexual

Monseñor Scicluna se distinguió en particular por su compromiso en la lucha contra los abusos sexuales dentro de la Iglesia, en el respeto a los derechos humanos y en una especial atención a las víctimas de la violencia, realizando importantes misiones en nombre del Papa Francisco, luego del nombramiento como presidente del Colegio para el examen de los recursos en materia de Delicta reserva, en la Congregación de la Doctrina de la Fe. En febrero pasado, el Papa Francisco lo envió a Chile para investigar las denuncias contra el sacerdote Fernando Karadima, en el centro del escándalo de los abusos, y la división entre los fieles de la diócesis de Osorno, donde fue obispo un discípulo de Karadima, monseñor Juan Barros, que renunció.

En una conferencia sobre abuso sexual celebrada en febrero de 2012 en la Pontificia Universidad Gregoriana, monseñor Scicluna explicó que la Congregación para la Doctrina de la Fe necesita el apoyo de toda la jerarquía eclesiástica en sus procedimientos para tener el impacto esperado: "Ninguna estrategia de prevención de abusos contra menores podrá jamás funcionar sin compromiso y responsabilidad ". Él ha dicho que "la negación deliberada de hechos conocidos y la preocupación equivocada de que el buen nombre de la institución debería de alguna manera beneficiar una prioridad absoluta" eran "enemigos de la verdad" y reflejan "una cultura de silencio mortal", definida por él como una forma de silencio, en el sentido del término usado para describir el código de silencio de la mafia para proteger las conspiraciones criminales frente a las autoridades civiles y penales. Describió las exigencias pastorales de los que han abusado, "la radical necesidad de la víctima de ser escuchada, entendida y creída, de ser tratada con dignidad mientras camina en el arduo camino de la recuperación y curación", y subrayó la atención particular necesaria para aquellos que se encuentran en una fase de recuperación, "que parecen haber identificado el 'yo' simplemente con el 'ser víctimas'. Les dijo a los periodistas que los obispos tenían que respetar la ley de la Iglesia y los estándares de la Congregación: "Es un delito en el derecho canónico mostrar negligencia dolosa o fraudulenta en el ejercicio del propio deber. No estoy diciendo que debamos comenzar a castigar a todos por negligencia en las funciones, pero lo que quiero decir es que no es aceptable que, después de establecer los estándares, las personas no sigan los estándares establecidos".

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